Por una Ley de Milei, Lázaro Baez fue sobreseído en una causa por evasión
Una interpretación de la «Ley de Inocencia Fiscal» favoreció al empresario vinculado al kirchnerismo
El empresario Lázaro Báez, históricamente identificado con el kirchnerismo, logró el sobreseimiento en una causa por evasión fiscal gracias a una ley impulsada por el presidente Javier Milei. El dato, por sí solo, condensa una paradoja política difícil de ignorar.
La resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico se apoyó en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, que elevó sustancialmente los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito. Con ese cambio, parte de las maniobras atribuidas a Báez y su entorno quedaron por debajo del umbral penal, habilitando el sobreseimiento mediante la aplicación retroactiva de la ley más benigna.
El resultado es concreto: un empresario señalado durante años como símbolo del entramado económico del kirchnerismo termina beneficiado por una norma promovida por un gobierno que construyó su identidad política en las antípodas de ese espacio.
No se trata de un tecnicismo. El propio Milei sostuvo en reiteradas ocasiones que quienes logran eludir al Estado pueden ser considerados “héroes”, en línea con su visión de que la presión fiscal constituye una forma de avance indebido sobre la libertad individual. Esa concepción, trasladada al plano legislativo, es la que hoy impacta directamente en expedientes judiciales de alto perfil.
El fallo no absuelve a Báez por inexistencia de los hechos, sino que redefine su relevancia penal. Bajo los nuevos parámetros, conductas que antes podían derivar en condenas ahora quedan fuera del alcance de la Justicia. En otras palabras, el cambio no es sobre lo ocurrido, sino sobre cómo el Estado decide castigarlo.
El caso adquiere mayor peso por el recorrido judicial del propio Báez. Su nombre estuvo asociado a algunas de las causas más emblemáticas de corrupción en la Argentina reciente, incluyendo condenas por lavado de dinero y múltiples investigaciones vinculadas a la obra pública. En ese contexto, cualquier alivio judicial tiene una carga simbólica que excede lo estrictamente técnico.