El Gobierno reglamentó el registro que habilita despidos en la planta permanente del Estado
La medida permite despedir a empleados con estabilidad si no son reubicados en un año, como parte del ajuste que el Gobierno impulsa en el sector público.
Mientras persisten los despidos, la inflación no cede y los servicios públicos se deterioran, el gobierno de Javier Milei redobla su ofensiva contra el empleo estatal. Esta vez, el golpe recayó sobre los trabajadores de planta permanente: mediante la Resolución 54/2025, el Ejecutivo reglamentó un mecanismo que habilita su despido si no son reubicados en el plazo de un año.
Pese a la pérdida de las facultades delegadas por el Congreso, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encontró un resquicio legal para continuar con el ajuste. Retomó una herramienta creada pero nunca implementada en 2024: el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, un sistema que permite transferencias forzadas o cesantías encubiertas bajo el argumento de la reestructuración administrativa.
La resolución oficializa la posibilidad de que cada organismo del Estado solicite al registro perfiles laborales para cubrir vacantes, priorizando la reubicación del personal ya existente antes de realizar nuevas contrataciones. Pero detrás de esa lógica de “eficiencia” se oculta una presión directa: si la persona no encaja en los nuevos requisitos no es reubicada en un año, podrá ser despedida, incluso si cuenta con estabilidad laboral.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es “facilitar la reubicación dentro del Estado antes de considerar nuevas incorporaciones”. Sin embargo, en la práctica, el mecanismo incorpora requisitos técnicos que dificultan la permanencia, tales como demostrar idoneidad para puestos completamente diferentes o aceptar traslados sin precedentes.
Este paso reglamentario le devuelve al Ejecutivo una herramienta para seguir recortando empleo público sin necesidad de nuevas leyes, pese al vencimiento del marco de excepción que permitió la eliminación de más de 50 organismos y la desvinculación de más de 50.000 empleados desde el inicio del mandato.
El ajuste sin embargo, no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría de los argentinos y argentinas. Ni la reducción del gasto ni los recortes masivos han logrado contener el aumento del costo de vida, ni mejorar los servicios estatales que hoy sufren parálisis o desfinanciamiento. Las escuelas, hospitales, universidades y dependencias administrativas padecen una degradación sin precedentes, mientras el ahorro prometido no se ve reflejado en la calle ni en los hogares.