ATE denunció al Gobierno

El sindicato presentó un recurso de amparo contra el decreto 340/25 del Gobierno nacional, que redefine los servicios esenciales y limita el derecho a huelga en el sector público. Acusan al Ejecutivo de avanzar con una norma “inconstitucional” que vulnera derechos laborales básicos y exigen su suspensión inmediata.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a enfrentarse con el Gobierno Nacional, esta vez por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el cual el Ejecutivo amplió la definición de “servicios esenciales” y, en consecuencia, limitó el ejercicio del derecho a huelga en el sector estatal. La organización sindical no solo repudió la medida, sino que ya activó su ofensiva legal y presentó un recurso de amparo exigiendo la inconstitucionalidad del decreto.

“Esperemos que la Justicia actúe con rapidez. Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien fue tajante al afirmar que el derecho de huelga “es el más importante que tenemos los trabajadores”.

El DNU 340/25 modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, elevando al 75% la obligación de prestación de servicios durante medidas de fuerza en sectores “esenciales”. Según ATE, esta definición fue ampliada de forma arbitraria, incluyendo actividades que son desarrolladas por el Estado y que antes no estaban alcanzadas por esa calificación.

“Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. Muchas de las actividades que se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa”, explicó Aguiar.

Desde el sindicato argumentaron en el amparo que el decreto implica una “afectación ilegal, arbitraria y manifiesta del derecho de huelga, al principio de progresividad y a la libertad sindical”, tal como se expresa en el documento presentado en el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 20.

Además, ATE solicitó una medida cautelar urgente para que los efectos del decreto queden suspendidos de inmediato y no se apliquen mientras dure el proceso judicial.