Caso Arruga: el Policía detenido admitió que Luciano estuvo en el destacamento de Lomas
Este sábado trascendieron algunos puntos de la indagatoria del efectivo de la Bonaerense detenido por golpear salvajemente al joven antes de su desaparición. También se conoció la declaración de la jefa de Guardia de la seccional, que fue convocada por la Justicia en calidad de testigo. Piden la exoneración de ambos policías.
Los fiscales Carlos Arribas y Celia Cejas podrían solicitar en los próximos días al juez Garantías de La Matanza, Gustavo Banco, que ordene nuevas imputaciones y medidas de prueba en la causa por “severidades y vejaciones” contra Luciano Arruga, en la que actualmente hay un solo detenido, el oficial Julio Diego Torales.
El policía, que fue separado preventivamente de la Bonaerense, declaró el martes ante los fiscales y admitió que Luciano estuvo en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, el 22 de septiembre de 2008, aunque negó que el adolescente haya sido maltratado o torturado, según reveló hoy el diario Página 12.
“Ubicó el hecho en tiempo y espacio. Dijo que Arruga comenzó a gritar cuando oyó la voz de su hermana, Vanesa Orieta, en el destacamento. De alguna forma revela que existía un hostigamiento contra Luciano”, dijo una fuente de la investigación al matutino porteño.
En su declaración, Torales evitó decir que el joven estaba detenido o demorado, aunque se registraron algunas contradicciones.
Según el policía, Arruga fue llevado al destacamento por “averiguación de identidad”, luego de un supuesto robo a tres jóvenes del barrio. “Es decir que había una situación de detención. Torales aseguró que lo mantenían en la cocina porque estaban esperando un peritaje para acreditar la identidad de Arruga y dijo que la madre (Mónica Alegre) no tenía la documentación para retirarlo”, explicó la fuente de Página 12.
Sin embargo, Orieta sostiene que su hermano tenía encima la constancia de DNI en trámite. También afirma que le había pedido auxilio esa tarde del 22 de septiembre de 2008 y que, entre otras cosas, gritó: “¡Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos!”.
Además de la declaración de Torales, el martes se sumó el testimonio en calidad de testigo de Mónica Viviana Chapero, quien ese día estuvo como jefa de Guardia del destacamento de Lomas del Mirador. Al igual que su ex colega, reconoció que a Luciano se lo mantuvo en la cocina de la seccional, aunque también negó las vejaciones.
De todos modos, ambos terminaron “abonando la hipótesis del hostigamiento” que sufría el joven antes de su desaparición, ocurrida el 31 de enero de 2009, por negarse a robar para la policía.
Tras estas declaraciones, los abogados de la familia y los organismos de derechos humanos que los acompañan reclamaron al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, a cargo de Ricardo Casal, que exonere a Torales y a Chapero.
“Hay elementos suficientes para que los dos sean exonerados. Permitieron el ingreso de un menor a un lugar que ni siquiera estaba habilitado para tener detenidos”, señaló Maximiliano Medina, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Asimismo, reiteró un pedido que vienen exigiendo los familiares y abogados: que la Justicia provincial cambie la carátula de esta causa anexa a la de la desaparición de Arruga. “Sería importante que cambie la calificación de ‘severidades y vejaciones’ a ‘torturas’”, apuntó Medina y consideró que los policías involucrados “no podían ignorar la tortura, entre otras cosas”.
El juez Banco advirtió que está acreditado “prima facie” que Torales y otros dos efectivos policiales sin identificar golpearon a Arruga, “mientras se encontraba en el interior de esa dependencia y a la espera de la resolución judicial que habría de adoptar el juez a cargo del Tribunal de Menores 3; ocasionándole con dicho accionar, un traumatismo facial; al tiempo que el citado Torales le refería que lo iba a llevar a la Comisaría Octava ‘con todos los violines (violadores)’”.
Banco, que investiga la causa por “severidades”, declinó el miércoles pasado su competencia en la causa principal y la pasó al fuero federal de Morón como “desaparición forzada de persona” (hasta ese momento, la calificación era “averiguación de paradero”), luego de cuatro años sin registrar ningún avance significativo.