Avanza el proyecto para urbanizar las villas del país

Media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa propone expropiar tierras y darles el título de propiedad a las familias. Además, prevé dotar de servicios públicos básicos

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno, destinado a la urbanización de villas, asentamientos y barrios populares en todo el país. La iniciativa contó con un amplio apoyo de los bloques de la oposición, tras recibir -de forma unánime- 194 votos afirmativos. La iniciativa también fue votada en particular, donde tuvo modificaciones consensuadas.

El proyecto, que lleva la firma de los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Pro) y Mario Negri (UCR), propone expropiar las tierras donde se ubican 4228 barrios precarios en todo el país, darles el título de propiedad a sus actuales habitantes y urbanizarlos, esto es, dotarlos de los servicios públicos básicos.

El proyecto, consensuado con representantes de movimientos sociales, abarcará aquellos barrios ya relevados e identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Se estima que en estos asentamientos viven alrededor de 3.500.000 personas.

«Es un proyecto singular por sus antecedentes. Tiene un propósito ambicioso, que consiste nada más ni nada menos que en regularizar el dominio de 4000 barrios precarios en la Argentina. Este beneficio contribuirá a que cada vecino mejore el hábitat donde vive», enfatizó Pablo Tonelli (Cambiemos), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucional. «Lo que se pretende es que, al cabo de un tiempo, no haya más barrios populares en los que sus habitantes no sean propietarios del lugar donde han construido sus viviendas».

Según el relevamiento del Renabap, los habitantes de estos barrios precarios carecen de los servicios públicos más elementales: casi el 99% no cuenta con acceso a la red cloacal, casi el 94% carece de agua corriente y el 70,5% no tiene energía eléctrica. Según el proyecto, el Ministerio de Desarrollo Social deberá coordinar con los organismos competentes el acceso a estos servicios.