![\"Colony\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/Colony.jpg?resize=560%2C286\")
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El delta de Tigre cambi\u00f3 dr\u00e1sticamente luego de el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park<\/strong> destruy\u00f3 arroyos y arras\u00f3 con poblaciones originarias de la zona. En la investigaci\u00f3n que se sigue en la justicia federal de San Isidro est\u00e1n involucrados los responsables de las empresas y numerosos funcionarios que no habr\u00edan ejercido los controles necesarios para evitar el da\u00f1o ocasionado.<\/p>\n \u201cEntre el Pajarito y el r\u00edo abierto, curv\u00e1ndose bruscamente hacia el norte, primero m\u00e1s y m\u00e1s angosto, casi hasta la mitad, luego abri\u00e9ndose y contorne\u00e1ndose suavemente hasta la desembocadura, serpea, oculto en las primeras islas, el arroyo Anguilas\u201d. As\u00ed, describ\u00eda el escritor desaparecido por un grupo de tareas durante la \u00faltima dictadura c\u00edvico-militar Haroldo Conti, en su libro Sudeste, el arroyo Anguilas, en el delta del Tigre. Ese curso, escenario de la vida de pobladores y pobladoras originarios de la Isla, desapareci\u00f3 tambi\u00e9n, a manos de un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de la construcci\u00f3n de los barrios privados \u201cColony Park\u201d y \u201cParque de la Isla\u201d, cuya investigaci\u00f3n por el da\u00f1o ocasionado en el delta est\u00e1 a cargo del fiscal federal de San Isidro, Fernando Dom\u00ednguez.<\/p>\n En el marco de esa causa durante las \u00faltimas semanas, en el Juzgado Federal N\u00b01 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, se tomaron una serie de indagatorias. Las declaraciones solicitadas por la Fiscal\u00eda involucraron a los funcionarios municipales, provinciales y nacionales Jos\u00e9 Manuel Molina y Ana Mar\u00eda Corbi (directores ejecutivos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible -OPDS-); Antonio Grandoni, Carlos Alfredo Vittor y Eduardo Cergnul (de la Municipalidad de Tigre); Jos\u00e9 Carlos Mario Beni (entonces titular de la Direcci\u00f3n Nacional de V\u00edas Navegables, organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios P\u00fablicos de la Naci\u00f3n), y a Jos\u00e9 Javier Ceballos, Eduardo Gabriel Cutrop\u00eda y Norberto Nelio Nini (agentes de Prefectura Naval Argentina). Todos ellos est\u00e1 imputados por el representante del Ministerio P\u00fablico como part\u00edcipes necesarios del delito de da\u00f1o agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso p\u00fablico.<\/p>\n Adem\u00e1s, se requiri\u00f3 el procesamiento de Corbi, Grandoni, Vittor, Cergnul y Beni por ser autores del delito de abuso de autoridad, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico, y por ser part\u00edcipes necesario del delito de da\u00f1o agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso p\u00fablico, \u201cpuesto que la infracci\u00f3n al deber puesta de manifiesto por los funcionarios signific\u00f3 un aporte esencial para que el da\u00f1o cuya autor\u00eda es puesta en cabeza de los titulares de Colony Park se produjese\u201d. Tambi\u00e9n, se pidi\u00f3 el procesamiento de Diego Mart\u00edn Dousdebes (Director de Informaci\u00f3n Jur\u00eddica del OPDS) y Molina por ser coautores del delito de falsedad ideol\u00f3gica, en concurso ideal con el de encubrimiento, al suscribir \u201cla resoluci\u00f3n 6\/11 del registro del OPDS con el prop\u00f3sito, en concreto, de encubrir las irregularidades en las que habr\u00edan incurrido otros funcionarios a la hora de llevar adelante el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental instado por los responsables de \u2018Colony Park S.A.\u2019 y \u2018Parque de la Isla\u2019\u201d.<\/p>\n Asimismo, se solicit\u00f3 que la justicia \u201cordene la recomposici\u00f3n de la 1\u00ba Secci\u00f3n de Islas del Delta del Paran\u00e1 del partido de Tigre, precisamente aquella que se encuentra delimitada por el Canal Vinculaci\u00f3n, el R\u00edo Luj\u00e1n y los Arroyos Anguila, La Paloma y Pac\u00fa, conforme lo ordena el art\u00edculo 30 de la ley 25675\u201d.<\/p>\n Finalmente, fueron requeridas una serie de medidas de prueba, \u201ccon el objeto de acreditar la autor\u00eda del da\u00f1o consumado en los refugios y hogares en perjuicio de los pobladores de la 1\u00ba Secci\u00f3n de Islas del Delta del Paran\u00e1 del partido de Tigre\u201d.<\/p>\n El comienzo del da\u00f1o<\/strong><\/p>\n El emprendimiento \u201cColony Park\u201d buscaba concretarse frente a clubes n\u00e1uticos exclusivos de la zona norte y con una ubicaci\u00f3n privilegiada, con gran cantidad de espacio verde alrededor y cerca de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como qued\u00f3 demostrado en el expediente, el desarrollo de infraestructura necesario para llevar a cabo la millonaria empresa destruy\u00f3 enormes sectores del humedal isle\u00f1o. Esto trajo aparejado no s\u00f3lo la p\u00e9rdida de flora y fauna aut\u00f3ctonas, sino que, debido al relleno de los terrenos a m\u00e1s de siete metros de altura para facilitar la construcci\u00f3n de casas tradicionales y la necesidad de un puente que conectara el continente con la isla para que los futuros habitantes del emprendimiento pudieran acceder en sus autom\u00f3viles, se desviaron y cerraron cursos de agua y se desalojaron familias de antiguos pobladores a las que se les destruyeron sus casas.<\/p>\n Para todo esto, los responsables de Colony Park S.A. y TECFIN S.R.L. (en su car\u00e1cter de fiduciaria del Fideicomiso \u201cParque de la Isla\u201d), a comienzos de 2007 y sin contar con los permisos y habilitaciones necesarias para la ejecuci\u00f3n del proyecto, ordenaron el dragado del Canal Vinculaci\u00f3n hasta 12 metros, cuando en el permiso que solicitaron hab\u00edan mencionado s\u00f3lo 5 metros. Tambi\u00e9n produjeron el taponamiento del arroyo La Paloma y la desaparici\u00f3n del arroyo Anguilas que fue remplazado por un nuevo canal ampliado hasta 50 metros, as\u00ed como tambi\u00e9n la elevaci\u00f3n de la cota, el arrasamiento de la arboleda, las plantaciones de las costas y elevaci\u00f3n mediante refulado de las islas a m\u00e1s de cuatro metros de su altura original.<\/p>\n Como si lo anterior no fuera poco, la ribera izquierda del Canal Vinculaci\u00f3n Luj\u00e1n fue rectificada, lo que transform\u00f3 su morfolog\u00eda irregular en una estructura lineal e incluso avanz\u00f3 sobre el cauce al ampliar la superficie de la isla. Adem\u00e1s, las tareas de dragado, relleno y terraplenado, perfilado de costas por tablestacado, excavaci\u00f3n de laguna interior, cierre de desag\u00fces naturales y apertura de nuevos cursos de agua y desmonte de vegetaci\u00f3n, produjeron cambios de gran magnitud ambiental en la geomorfolog\u00eda, topograf\u00eda e hidrolog\u00eda de la isla que comprometi\u00f3 la integridad estructural y funcional del ecosistema. Estas intervenciones son consideradas como un pasivo ambiental.<\/p>\n Con todo esto, los empresarios -actualmente procesados- Adri\u00e1n Gabriel Schwartz, Sergio Andr\u00e9s Schwartz, Eduardo H\u00e9ctor Carrasco y Adolfo Volodi Berestavoy habr\u00edan buscado quitarle al lugar su condici\u00f3n de insularidad para convertirlo en una arteria m\u00e1s del extendido ejido urbano. En este sentido, en febrero de este a\u00f1o, el fiscal federal Dom\u00ednguez solicit\u00f3 la ampliaci\u00f3n del requerimiento de instrucci\u00f3n contra Hugo Dami\u00e1n Schwartz -hermano de Adri\u00e1n y Sergio- al considerarlo presunto integrante esencial de la empresa \u201cColony Park S.A.\u201d, m\u00e1s all\u00e1 de que no figurara como responsable en los documentos de la sociedad.<\/p>\n El rol de los funcionarios<\/strong><\/p>\n En el escrito presentado ante la jueza, se destac\u00f3 que los funcionarios p\u00fablicos que prestaron indagatoria y por los cuales se pidi\u00f3 el procesamiento habr\u00edan violado una serie de normas vinculadas espec\u00edficamente a la protecci\u00f3n del medioambiente. \u201cLlevado al plano concreto, lo que se les achaca a los funcionarios mencionados es no haber ejecutado en tiempo y forma todos los actos administrativos a su alcance con el prop\u00f3sito de paralizar en forma definitiva las obras de infraestructura iniciadas por los responsables de las firmas \u2018Colony Park. S.A.\u2019 y \u2018Parque de la Isla\u2019 sobre la primera secci\u00f3n de islas del Delta de Paran\u00e1\u201d, agreg\u00f3 el fiscal.<\/p>\n A su vez, resalt\u00f3 que \u201cno se trata aqu\u00ed de la obligaci\u00f3n de actuar frente a dos empresas que simplemente no contaban con los permisos o habilitaciones para comenzar la obra. Pues ello redundar\u00eda en un reproche de \u00edndole administrativo contra los funcionarios y no en uno penal que siempre es la ultima ratio\u201d. El dictamen explica que, sustancialmente, los funcionarios \u201cdebieron ejercer el poder de polic\u00eda frente a estas obras de tama\u00f1o m\u00e1s que significativo, que estaban afectando de manera grave el entorno natural y el medioambiente de una zona sensible de humedales que deb\u00edan proteger. De ello se deduce, necesariamente, que el incumplimiento de la normativa por parte de los funcionarios, signific\u00f3 no s\u00f3lo un retraimiento de la obligaci\u00f3n a su cargo, sino tambi\u00e9n un obrar derechamente contrario a las normas legales y constitucionales que enmarcan su actuaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Pero adem\u00e1s se se\u00f1al\u00f3 que \u201cla responsabilidad penal de los funcionarios est\u00e1 \u00edntimamente ligada a la acreditaci\u00f3n del da\u00f1o en el ambiente, para cuya protecci\u00f3n se promulgaron las leyes 25.675 y 11723\u201d.<\/p>\n Respecto a ello, un fallo previo de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de San Mart\u00edn, que hab\u00eda confirmado el procesamiento de los empresarios es, seg\u00fan se menciona en el escrito, de \u201cuna claridad meridiana, cuando espec\u00edficamente puntualiza que el da\u00f1o provocado en el medio ambiente excede largamente el limitado alcance que necesariamente contiene la figura del \u2018da\u00f1o agravado\u2019\u201d.<\/p>\n Por eso, desde la Fiscal\u00eda se explic\u00f3 que \u201cla configuraci\u00f3n del da\u00f1o provocado al ecosistema del Delta, que necesariamente contiene el da\u00f1o a bienes de uso p\u00fablico pero que lo excede, conduce a la reconfiguraci\u00f3n de los responsables de los organismos de control\u201d. \u201cDe esta manera, podemos decir que con el avance de la instrucci\u00f3n se han acreditado los da\u00f1os sobre bienes p\u00fablicos, sobre el ecosistema de la isla y de su entorno regional, sobre los cursos de agua, y en definitiva sobre el medioambiente, provocados por el accionar de los procesados en autos; y como correlato de ello, se ha podido delimitar la responsabilidad penal de los funcionarios que en violaci\u00f3n de lo establecido -principalmente- en las leyes 25675 y 11723, incumplieron su obligaci\u00f3n de hacer cesar el avance de la obra que adem\u00e1s carec\u00eda de los permisos necesarios, actuando de forma contraria a lo que la normativa aplicable al caso impon\u00eda\u201d, agreg\u00f3 el representante del MPF.<\/p>\n Lo cierto es que a lo largo de estos ocho a\u00f1os se dio cuenta de que tanto desde el municipio de Tigre como desde la OPDS se realizaron distintas inspecciones sobre la parte del Delta afectada por las empresas constructoras. Sin embargo, pese a algunas intimaciones que se realizaron para el cese de la obra, en ning\u00fan momento los funcionarios agotaron los medios que dispon\u00edan para lograr el cese concreto del da\u00f1o que se causaba. Esto reci\u00e9n se efectivizar\u00eda por orden de la justicia federal.<\/p>\n Incluso, los funcionarios de la Municipalidad de Tigre intervinieron en los tr\u00e1mites iniciales vinculados con la aprobaci\u00f3n de la localizaci\u00f3n por parte del municipio (prefactibilidad de uso) y la convalidaci\u00f3n t\u00e9cnica preliminar del emprendimiento. Pero m\u00e1s all\u00e1 de esa intervenci\u00f3n -acreditada en el expediente judicial-, se resalt\u00f3 que \u201cdebe tenerse en cuenta que la enorme obra urban\u00edstica estaba siendo desarrollada no solo dentro del ejido de ese municipio a la vista de todos, sino que estaba siendo emplazada en un lugar que requiere una protecci\u00f3n especial por tratarse de una zona de humedales\u201d.<\/p>\n El cambio en el delta<\/strong><\/p>\n Los humedales brindan importantes beneficios para la humanidad: controlan inundaciones, reponen aguas subterr\u00e1neas, estabilizan las costas, protegen a la poblaci\u00f3n contra tormentas, retienen y exportan sedimentos y nutrientes, mitigan el cambio clim\u00e1tico, depuran las aguas y son un reservorio de biodiversidad. Adem\u00e1s brindan numerosos productos valiosos como fruta, pescado, crust\u00e1ceos, animales silvestres, resinas, madera de construcci\u00f3n, le\u00f1a, ca\u00f1as para construir techos y trenzar, forraje para animales, entre otros.<\/p>\n Esos humedales fueron los que destruyeron las empresas constructoras. Son los mismos que no protegieron los funcionarios p\u00fablicos municipales, provinciales y nacionales involucrados. Sin embargo, con el accionar de la justicia, desde un comienzo no s\u00f3lo se intervino para detener la obra, sino que adem\u00e1s ahora se est\u00e1 investigando la responsabilidad penal de todos los involucrados en el da\u00f1o ambiental. Como han se\u00f1alado los isle\u00f1os del Delta agrupados en la Cooperativa Isla Esperanza: \u201cCuando el Colony nos dej\u00f3 sin nada, la esperanza era lo \u00fanico que nos quedaba\u201d.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El delta de Tigre cambi\u00f3 dr\u00e1sticamente luego de el mega emprendimiento inmobiliario Colony Park destruy\u00f3 arroyos y arras\u00f3 con poblaciones originarias de la zona. 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