![\"macri\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/macri.jpg?resize=560%2C384\")
Desde finales del 2008 la ley de protecci\u00f3n de testigos de juicios de lesa humanidad espera ser reglamentada. Votada por todo el arco pol\u00edtico en la Legislatura, el Ejecutivo se resiste a crear el programa necesario para hacerla efectiva.<\/p>\n
La ley de protecci\u00f3n de testigos de lesa humanidad rige en la Ciudad de Buenos Aires hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, pero nunca se implement\u00f3. El Gobierno porte\u00f1o se resiste a reglamentarla, aunque ya existen dos fallos judiciales que lo obligan a hacerlo. El \u00faltimo es de octubre y el gobierno ya jug\u00f3 su \u00faltima carta: un recurso de queja directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. Hoy, organismos de derechos humanos pedir\u00e1n a la Justicia que se cumplan los fallos. Mientras tanto la Ciudad sigue sin contar con un programa de protecci\u00f3n de testigos de causas de lesa humanidad.<\/p>\n
Se trata de la ley N\u00b0 2.939 y se sancion\u00f3 en noviembre de 2008. La votaron todos los bloques de la Legislatura, incluso el del PRO. Regula \u201cla asistencia y contenci\u00f3n de los querellantes y testigos v\u00edctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales\u201d como as\u00ed tambi\u00e9n \u201ca su grupo familiar\u201d. Establece que deber\u00e1 existir un programa espec\u00edfico que brinde a estos testigos acompa\u00f1amiento y contenci\u00f3n, asistencia psicol\u00f3gica, traslados, y que deber\u00e1 conformarse un equipo con \u201cprofesionales, t\u00e9cnicos y administrativos con antecedentes en la tem\u00e1tica\u201d.<\/p>\n
La ley que el macrismo desprecia no fue una iniciativa aislada sino que tiene su fundamento en hechos que conmovieron al pa\u00eds. S\u00f3lo dos a\u00f1os antes de su sanci\u00f3n, en septiembre de 2006, hab\u00eda desaparecido Jorge Julio L\u00f3pez, querellante y testigo esencial en un juicio por delitos de lesa humanidad. Su secuestro, presuntamente vinculado con su actuaci\u00f3n ante la Justicia, motiv\u00f3 la implementaci\u00f3n de programas especiales de protecci\u00f3n de testigos de lesa humanidad, y entre ellos la ley de la Ciudad. L\u00f3pez hab\u00eda declarado en contra de Miguel Etchecolatz y se cree que fue secuestrado cuando sal\u00eda de su casa por cuestiones vinculadas a la causa. Tambi\u00e9n en ese a\u00f1o hab\u00edan secuestrado a Luis G\u00e9rez, testigo en la causa contra el represor Luis Abelardo Patti.<\/p>\n
Desde la sanci\u00f3n de la ley, el Poder Ejecutivo ten\u00eda 60 d\u00edas corridos para reglamentarla, contados desde su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial. Fue publicada de hecho el 29 de enero de 2009 y la fecha de reglamentaci\u00f3n expir\u00f3 el 31 de marzo de ese a\u00f1o, seg\u00fan determin\u00f3 la Justicia. Ya pasaron casi cinco a\u00f1os y contin\u00faa sin estar reglamentada. Mientras que en otras leyes la reglamentaci\u00f3n puede ser una mera formalidad, en este tipo de normas es un paso fundamental. La implementaci\u00f3n de programas exige, como prev\u00e9 la ley, la creaci\u00f3n de una autoridad de aplicaci\u00f3n que conforme los equipos de trabajo y ejecute el programa.<\/p>\n
Desde entonces, organismos de derechos humanos vienen pidiendo que se aplique la ley para que asista a los testigos que son parte, por ejemplo, en la megacausa ESMA que se lleva adelante en la Ciudad. La agrupaci\u00f3n H.I.J.O.S. present\u00f3 una acci\u00f3n de amparo con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos (ODH).<\/p>\n
Ahora, el ODH pidi\u00f3 a la Justicia que haga cumplir sus fallos. \u201cVamos a pedir sanciones directamente al Jefe de Gobierno, porque es el principal responsable y el que la ley se\u00f1ala que ten\u00eda que reglamentar. Vamos a pedir astreintes\u201d, dijo a Infojus Noticias Demi\u00e1n Konfino, abogado del ODH. \u201cYa van tres sentencias consecutivas y le imponen costas. Desde el Gobierno de la Ciudad hablan de divisi\u00f3n de poderes, pero desde el Poder Ejecutivo no acatan ni lo que orden\u00f3 el Legislativo ni el Judicial\u201d, dijo Konfino. Para \u00e9l, el incumplimiento \u201cmarca un posicionamiento ideol\u00f3gico de que al Gobierno de la Ciudad no le interesa participar de este proceso hist\u00f3rico\u201d.<\/p>\n
\u201cVenimos a solicitar se intime el cumplimiento de la sentencia, ordenando al Poder Ejecutivo de la Ciudad, reglamentar la norma bajo apercibimiento de aplicar sanciones econ\u00f3micas en la persona del Jefe de Gobierno\u201d, expres\u00f3 la organizaci\u00f3n en su escrito, y se\u00f1al\u00f3 que \u201ces el Jefe de Gobierno Mauricio Macri el que se encuentra incumpliendo el fallo, pues de \u00e9l depende su cumplimiento, a partir de la omisi\u00f3n reglamentaria\u201d. En un comunicado, sostienen que agotar\u00e1n \u201ctodas las v\u00edas hasta lograr la satisfacci\u00f3n del principio republicano de gobierno\u201d.<\/p>\n
El primer fallo es de mayo de 2012, cuando el juez Juan Vicente Cataldo orden\u00f3 a Mauricio Macri que reglamentara la ley en 20 d\u00edas. \u201cLa reglamentaci\u00f3n no es una facultad optativa de la administraci\u00f3n\u201d, expres\u00f3 entonces el juez. El ejecutivo porte\u00f1o apel\u00f3 la resoluci\u00f3n, que despu\u00e9s fue confirmada por la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo. \u201cSe verifica un claro incumplimiento de la ley por parte de la administraci\u00f3n\u201d, resolvieron.<\/p>\n
Con dos fallos en su contra, el Gobierno de la Ciudad insiti\u00f3: present\u00f3 un recurso de inconstitucionalidad que fue denegado en octubre del a\u00f1o pasado. La \u00faltima opci\u00f3n que le qued\u00f3 al gobierno macrista fue un recurso de queja, presentado directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, que ahora est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n.<\/p>\n
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