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El gobierno difundi\u00f3 los documentos que ordenan la detenci\u00f3n de decenas de personas. Carmen Argibay y Eduardo Anguita, en la lista.\nA trav\u00e9s del Bolet\u00edn Oficial, el gobierno nacional public\u00f3 ayer una serie de decretos secretos firmados entre 1975 y 1976 por Mar\u00eda Estela Mart\u00ednez de Per\u00f3n y por el dictador Jorge Rafael Videla. Se trata de documentos desclasificados donde se ordena la detenci\u00f3n de decenas de personas, entre ellas la actual jueza de la Corte Suprema Carmen Mar\u00eda Argibay y el periodista Eduardo Anguita.
\nEl primero de los decretos data del 25 de febrero de 1975, a pocos d\u00edas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con la firma de Mart\u00ednez de Per\u00f3n y en el marco del estado de sitio, el gobierno orden\u00f3 la detenci\u00f3n de unas 80 personas y su traslado a la \u00abresidencia de la Unidad Penitenciaria (U. 6) de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut\u00bb.
\nEntre los argumentos para la detenci\u00f3n figura \u00abel art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, que permite, en caso de conmoci\u00f3n interior, respecto de las personas, arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del pa\u00eds\u00bb, y ordena la captura de un grupo de personas que \u00abse encuentran prima facie incursos en conductas atentatorias contra la misma seguridad de la Naci\u00f3n\u00bb.
\nEntre ellas se encontraba el periodista Eduardo Anguita, el dirigente de las FAR y sobreviviente de la Masacre de Trelew, Alberto Camps y Humberto Tumini, ex miembro del ERP y actual dirigente de Libres del Sur.
\n\u00abLa Direcci\u00f3n Nacional del Servicio Penitenciario Federal arbitrar\u00e1 todos los medios necesarios para el traslado de dichas personas al tribunal que intervenga en la tramitaci\u00f3n de sus respectivos procesos, cuando sea preciso\u00bb, finaliza el texto.
\nOtro de los documentos desclasificados, de fecha 30 de marzo de 1976, tiene la firma de Videla. En el Decreto S11\/1976, el dictador ordena la detenci\u00f3n a disposici\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de varias personas entre las que se encontraba la actual ministra de la Corte, Argibay. La jueza, que en ese momento era secretaria general de la C\u00e1mara en lo Criminal y Correccional, pas\u00f3 varios meses en prisi\u00f3n hasta que fue liberada en diciembre de ese a\u00f1o.
\n\u00abArr\u00e9stese a disposici\u00f3n del Poder Ejecutivo Nacional a: Guillermo Ra\u00fal D\u00cdAZ LESTREN (MI 6.680.371); Carmen Mar\u00eda ARGIBAY (MI 6.623.409); Mar\u00eda Leticia PINTOS de DIVANO (CI 6.064.981); Jos\u00e9 Ram\u00f3n SILVA (MI 7.534.984); Ricardo CARDINALE (MI 5.501.186); F\u00e9lix Urbano OGAN (DNI 11.503.206); Roberto Rub\u00e9n S\u00c1NCHEZ CASA\u00d1A (MI 6.782.746)\u00bb, se\u00f1ala el decreto. Y argumenta: \u00abConstituye una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la Rep\u00fablica.\u00bb
\nEn el Decreto S10\/1976, de fecha 29 de marzo, tambi\u00e9n se ordena la detenci\u00f3n de otro grupo de personas para que quedaran a disposici\u00f3n del PEN. En la lista tambi\u00e9n figuran N\u00e9stor Sala, quien fue luego fusilado en la masacre de Margarita Bel\u00e9n, Chaco, y su esposa, Mirta Susana Clara de Sala.
\nMediante estos documentos, en los \u00faltimos d\u00edas de democracia y los primeros de la dictadura, se orden\u00f3 una serie de detenciones de car\u00e1cter pol\u00edtico, en el marco de una persecuci\u00f3n a los opositores al r\u00e9gimen impuesto por la \u00faltima dictadura. A estos casos, ‘blanqueados’ a disposici\u00f3n del PEN, se suman otros miles que permanecieron en los cientos de centros clandestinos de detenci\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n