Provincia adhirió al protocolo para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo

El anuncio fue hecho por el actual ministro de Salud, Daniel Gollán y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses, Estela Díaz.

La provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, decidió adherirse al Protocolo para la intervención legal del embarazo, conocido como Protocolo ILE, luego de cuatro años en los que la gestión de Vidal impidió que eso ocurriera a pesar de las fuertes demandas.

El actual ministro de Salud, Daniel Gollán y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerenses, Estela Díaz, firmaron hoy la resolución.

«Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República», expresó Gollan y agregó que «la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema».

Cabe recordar que la anterior gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, dejó sin efecto una de las primeras resoluciones que había firmado su ministra de Salud, Zulma Ortiz, a quien despidió luego de haber adherido al Protocolo ILE.

Finalmente, la provincia de Buenos Aires se suma con esta guía actualizada que orienta a los profesionales de la salud frente a la solicitud de interrupción de un embarazo contemplado en las causales que autoriza el Código Penal.

El protocolo servirá a los equipos de salud para guiar los procedimientos en interrupciones legales del embarazo contempladas por el Código Penal en su artículo 86 incisos 1 y 2. «Estamos hablando de una legislación del año 1921, centenaria, y se establece qué procedimientos realizar para cuando el aborto produce un problema para la salud y la vida de la mujer, o en los casos en que el embarazo es producto de una violación», explicó Díaz.

En cuanto a la objeción de conciencia, la funcionaria detalló que ya estaba contemplada en protocolos previos y detalló que en esta nueva guía queda claro que es un derecho individual, pero que las instituciones de salud pública deben garantizar en todos los casos pertinentes el acceso a los abortos no punibles.

Fuente: Diagonales

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