Presentan medidas cautelares por violencia y discriminación hacia el colectivo trans en cárceles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la presentación que revela el estado de vulnerabilidad que presentan las personas con identidades de género no binarias.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La misma fue realizada debido a un caso particular que reflejó la desidia por parte del Estado y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

A raíz de la situación que padeció Mónica Mego es que la CPM realizó la presentación ante la CIDH. La misma quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Asimismo, durante seis meses el SPB le negó atención médica.

El organismo denunciante sostuvo que el caso “desnuda la vulnerabilidad del colectivo trans en cárceles bonaerenses, donde las graves condiciones de encierro que sufren todas las personas detenidas se combinan con una práctica particularmente violenta y discriminatoria por la condición de género”, y añadieron que “la desatención de la salud y las torturas que padecen las personas trans en el encierro tienen un componente discriminatorio que agrava aún más estas violaciones a los derechos humanos”.

La medida que presentaron sostiene que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte. El caso de Mónica Mego, la mujer que quedó parapléjica porque le negaron asistencia médica durante seis meses, es fiel reflejo de esta situación”.

A su vez, se menciona otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado. En todos los casos fueron acciones u omisiones del SPB las que provocaron esas consecuencias, ya que en ninguno hubo alguna respuesta estatal, aseguraron desde la CPM.

“Para el colectivo trans en el encierro, el acceso a la salud está mediado siempre por los agentes del SPB que utilizan este poder para extorsionar -muchas veces sexualmente- a las detenidas. En otras oportunidades, la atención médica es negada por motivos de discriminación, ya sea por parte de los penitenciarios o del personal de salud. Esto denota, a su vez, otro de los problemas fundamentales y sistémicos: la falta de profesionales especializados y con formación de género”, manifestaron.

Fuente: infocielo

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