Repudio generalizado al grupo de Magnetto por pedir cárcel para periodistas

Organizaciones de DD.HH, de trabajadores de prensa, funcionarios y legisladores expresaron su repudio a la denuncia del grupo a periodistas y dirigentes que se manifiestan a favor de la aplicación de la norma.

La acción penal fue interpuesta por los abogados del Grupo Clarín el jueves pasado, a través de un escrito de 35 páginas acusa por el supuesto delito de incitar «a la violencia colectiva» contra sus directivos al periodista Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino, y a sus colegas Sandra Russo y Javier Vicente.

La embestida del grupo liderado por Héctor Magnetto abarca además a funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, a quien describen como el «recientemente nombrado para la ejecución de la Ley de Medios».

La presentación del abogado del Grupo Clarín José María Sáenz Valiente, «juntamente con sus letrados patrocinantes Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada», intentó instalar una vez más que el monopolio mediático es víctima de presiones al tener que adecuarse a lo que dicta la ley de Medios a partir del 7 de diciembre.

Sin embargo, desde la asociación Comunicadores de la Argentina (COMUNA) se rechazó por «inconstitucional y antidemocrática» la acción del grupo Clarín al sostener que «imputa a los periodistas `instigación a la violencia`, lo que significa pedir para ellos cárcel de entre tres y seis años y acusa también a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que no comulgan con los propósitos de la empresa».

En el mismo sentido se expresaron los trabajadores y autoridades de Radio Nacional, expresando que «una vez más, Clarín viola la verdadera libertad de expresión y atenta contra ella al intentar encarcelar a periodistas que piensan distinto».

Por su parte Sabbatella calificó la presentación como «autoritaria e intolerante», y añadió que «pareciera que hasta a ellos mismos los avergüenza el argumento de su acusación, porque ni siquiera se animan a publicarlo”.

La avanzada de Clarín también fue cuestionada por La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, quien calificó la acción como «los últimos manotazos de los ahogados».

A su turno, La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Por Razones Políticas, Lita Boitano, aseguró que la denuncia penal presentada por Clarín forma parte de una «campaña terrorífica que se está dando no ya día a día, sino hora a hora».

A su turno Cabandié, apuntado en la denuncia, afirmó que el Grupo «Clarín quiere que vayamos presos por pensar distinto», y agregó que «es sorprendente que (el grupo monopólico) no quiera escuchar o se enoje con el pronunciamiento de ideas o posturas de referentes políticos, funcionarios o periodistas».

La presentación, basada en recortes tergiversados de declaraciones, también apuntó contra el diputado nacional Edgardo Depetri, que indicó que el Grupo «Clarín se defiende con la libertad de expresión y ataca como un grupo económico concentrado».

En diálogo con Télam, el referente del Frente Transversal sostuvo que la maniobra judicial «es un intento desesperado del Grupo Clarín ante la inminencia de una fecha clave (el 7 de diciembre) que los obliga a desinvertir, porque entrará en plena vigencia la Ley que con convicción, compromiso y convencimiento voté en el Congreso» en 2009.

La acusación, además de Cabandié y Depetri, incluye también a «los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita».

Desde la oposición, el dirigente radical Leopoldo Moreau salió al cruce de la demanda en su cuenta en Twitter, al sostener que «es un retroceso democrático».

En ese sentido el ex diputado de la UCR indicó que la denuncia «pidiendo cárcel para periodistas es un pésimo precedente para sus propios periodistas. Un retroceso democrático».

También se manifestaron en contra de la denuncia desde el interbloque kirchnerista de la Legislatura porteña, al señalar que «es un verdadero síntoma de que la libertad de expresión, cuando está en manos de las corporaciones se encuentra en peligro».

En cuanto al contenido de la demanda a los periodistas, Clarín acusa a Caballero de ser uno de los «instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo como sus directivos en particular».

En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estiman que «los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada», prevista en el artículo 149 bis del Código Penal, segundo apartado, que expresa: «será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad».

La intentona amenazante de Clarín contra Caballero, Sandra Russo y el relator Vicente, se basa en expresiones de los tres en favor de la Ley de Medios, tanto en el programa 678 como así también en la transmisiones de Fútbol para Todos.

En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará mañana que asumirá la defensa de los periodistas.

El CELS justificó la decisión al sostener que «no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado», dado que «para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Télam

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