Denuncian penalmente a Aranguren y a otros ex funcionarios macristas por los tarifazos de gas

El perjuicio económico llega a unos 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones son contra el fisco, mientras que 168 millones hacia a los usuarios del servicio.

El Gobierno nacional resolvió denunciar penalmente al ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, a raíz de los tarifazos de gas implementados durante el 2018. Además, la acusación incluye a otros ex funcionarios de la gestión presidencial de Mauricio Macri.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, denunció tanto a Aranguren como a Marcos Porteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Mauricio Roitman, ex presidente en ejercicio del Directorio del Enargas, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador, por las denominadas “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” concertadas y determinadas durante la gestión del gobierno anterior.

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 y supone la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el Enargas en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo (las referidas “Bases y Condiciones”) lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018.

De este modo, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las 24 cuotas que impulsó el otrora secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios en cuotas en sus facturas.

«Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada», explicaron desde el Enargas.

Al respecto, Federico Bernal, dijo que que “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas».

«Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541”, añadió.

El perjuicio económico calculado por el Enargas alcanza a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios del servicio público de gas por redes.

Fuente: infocielo

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