Piden perpetua para dos represores civiles integrantes de la CNU

Carlos Castillo y Juan José Pomares están acusados de participar de secuestros, torturas y homicidios contra siete personas entre febrero y abril de 1976. Nora Cortiñas presenció los alegatos que se tramitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata.

Este lunes comenzaron en La Plata los alegatos de las querellas en el juicio oral contra Carlos Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) acusados de secuestros, torturas y homicidios cometidos entre febrero y abril de 1976.

A Castillo se lo imputa como autor del secuestro y asesinato del entonces titular del Sindicato de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, Carlos Antonio Domínguez, y del trabajador de la empresa Limpiolux y ex militante del PCR, Leonardo Guillermo Miceli. También de la privación ilegal de la libertad de Roberto Fiandor, vocal del gremio.

Los dos imputados están acusados además del secuestro y homicidio de Néstor Dinotto y Graciela Martini y de la privación ilegal de la libertad de Daniel Pastorino y de Adelaida Barón, los cuatro militantes de la Juventud Peronista. También se les atribuyó participación en tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos a este grupo de víctimas.

Los alegatos se tramitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, integrado por Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, en la sede de la calle 4 entre 51 y 53 y estuvo presente Nora Cortiñas.

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora sostuvo en diálogo con el móvil de QM NOTICIAS que “tiene que actuar la Justicia con todo rigor” ya que “los crímenes que se cometieron no tienen perdón, olvido ni reconciliación”.

“El mejor homenaje a los compañeros son juicios que tenemos que apurar para que prontamente no haya nada de impunidad en nuestro país”, manifestó, y convocó a marchar este 1º de octubre en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Por su parte, la abogada querellante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, María Luz Santos Morón, expresó: “Es un juicio completamente fragmentado y reducido, teniendo en cuenta la magnitud del accionar de la CNU, donde hubo más de 60 casos”.

En sintonía, Pía Garralda, de Justicia Ya!, subrayó que “hay solamente siete víctimas por hechos que sucedieron en febrero y abril de 1976, cuando el accionar de la patota de la CNU comenzó muchísimos años antes y abarca una enorme cantidad de asesinatos a sangre fría”.

Fuente: infocielo