Juicio a la CNU: piden que Demarchi no pueda ejercer su propia defensa

cnuFamiliares de víctimas y organismos de derechos humanos reclaman que el ex fiscal Gustavo Demarchi, juzgado por encabezar una asociación ilícita, sea su propio abogado. Esa posibilidad, que fue aceptada por Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, le permitirá interrogar a los testigos durante el juicio oral.

El ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi está siendo juzgado por encabezar una asociación ilícita y el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo autorizó a ejercer su defensa como abogado. Esa decisión, le permitirá hacer preguntas durante el juicio oral a los testigos, que son ex militantes políticos que fueron perseguidos o son familiares de las víctimas de Concentración Nacional Universitaria (CNU), la agrupación de centroderecha que él lideró. Esa resolución fue apelada por el fiscal Daniel Adler y ahora se sumaron a las críticas los organismos de derechos humanos.
Demarchi es juzgado junto a otros diez civiles por ocho crímenes cometidos en la primera mitad de 1975. Durante ese período fueron secuestradas y asesinadas ocho personas, entre las que había militantes políticos, profesionales y autoridades universitarias. “No es posible que Demarchi interrogue a los testigos, es algo que la justicia no debe permitir. Queremos que se le ponga un abogado particular. Tenemos la obligación moral y ciudadana de exigirlo”, dijo Lila Filler, hermana de Silvia, que fue baleada en la cabeza durante una asamblea universitaria en 1971. Ese hecho fue considerado como el “bautismo de fuego” de los crímenes cometidos por la CNU.
“Consideramos que no se respetan los estándares internacionales que exigen los comités vinculados a los derechos humanos”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Adler. El recurso que presentó para que le revoquen a Demarchi la potestad de interrogar a sus víctimas se apoyó en tres requisitos que deben cumplirse para que una persona ejerza su propia defensa. La primera es que la defensa debe ser eficaz. “Aquí no se sabe si Demarchi es imputado o defensor”, esgrimió Adler. La segunda, es que no debe obstruir la marcha del proceso. “Demarchi no sólo estuvo prófugo (fue encontrado en Colombia en 2012), sino que cuando ejerció su propia defensa en la etapa preliminar, interpuso infinidad de obstáculos procesales que dilataron el proceso”, señaló el fiscal. Y la tercera, es que no exista revictimización de los testigos.
La decisión del jurado también generó la preocupación del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa», que hace varios años interviene en los juicios de lesa humanidad asistiendo a las víctimas que vuelve a verse las caras –muchas veces- con sus propios torturadores. “Nosotros elevamos una nota al tribunal por preocupación que nos genera, más allá del derecho de defensa, que una persona imputada ejerza su defensa teniendo en cuenta que las personas que concurren son sus víctimas”, dijo a esta agencia Julieta Clamels, la directora del centro Ulloa. La Facultad de Psicología de Mar del Plata también rechazó la medida.
Según Lila Filler, este juicio significa una “reparación histórica” para la ciudad balnearia. “Estuvimos años cruzándonos con los represores en la calle, los vimos transitar tranquilos, ocupaban espacios de poder y ahora verlos sentados en el banquillo nos produce la sensación de justicia. Nunca imaginé que iría a pasar. Esperamos que el Tribunal tome nota de las irregularidades del proceso y los resuelva a la brevedad. Ansío una sentencia ejemplar”, enfatizó. El juicio continuará el próximo viernes con lectura de los requerimientos y otras instancias preliminares. Se cree que la semana que viene empezarán los testimonios.
Además, los organismos de derechos humanos advirtieron sobre el “abusivo” uso de estrategias de la defensa, que prevé una posible dilación en las audiencias. “Asistimos a un juicio en que las víctimas no tienen voz porque fueron ejecutadas por quienes están siendo juzgados y precisamente reclamamos absoluto respeto”, dijeron en un comunicado. Y denunciaron una “situación de amedrentamiento”, con amenazas y provocaciones ligados a los ex miembros de CNU. “Repudiamos la presencia extra muros de una patota sindical que fue a ´vivar´ a Demarchi. Y adentro de las audiencias, la constante hostilidad de parte de familiares y amigos de los imputados. Reafirmamos nuestro compromiso de reclamo de Justicia sin responder a estas “provocaciones” que no son más que la continuidad de un imperativo factisoide por mantener la impunidad a partir de la intimidación”, agregaron en el escrito.
El juicio

Es el primer juicio que se realiza en el país contra civiles de la agrupación de ultraderecha CNU. Están acusados de integrar una “asociación ilícita” para cometer crímenes de lesa humanidad antes del golpe de Estado. Por la seguidilla de muertes que se les imputa, perpetradas entre marzo y junio de 1975, están acusados Demarchi, Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel. Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, ideólogos y asesinatos contra estudiantes, profesores y profesionales en Mar del Plata.
Para los fiscales Laura Mazzaferri, Daniel Adler y María Eugenia Montero, los once acusados conformaron banda comandada por Demarchi para perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo. En esa faena, la madrugada del 21 de marzo de 1975, los integrantes de la CNU vengaron la muerte de su líder, el abogado y empresario Ernesto Piantoni, emboscado y asesinado por un comando de Montoneros. Durante la noche del “5 x 1” mataron al cirujano Bernardo Goldemberg, del teniente primero (RE) Jorge Videla, sus hijos Jorge y Guillermo y de Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray, y referente de la JUP marplatense.
Después del 5 x 1, la CNU asesinó al contador y militante de la Juventud Peronista, Daniel Gasparri, a su amigo, Jorge Stoppani y a la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad católica, María del Carmen “Coca” Maggi, pero el bautismo de fuego de la banda para estatal amparada por la Triple A había sido el 6 de diciembre de 1971. En una asamblea en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, un grupo entró con palos y armas para amedrentar a los 300 estudiantes reunidos. Uno de los disparos asesinó a la estudiante Silvia Filler, de 18 años.
El juicio a la banda de la CNU tiene una sensación especial para Mar del Plata. Hasta hace cuatro años, todos los acusados estaban en libertad y, en algunos casos, mantenían una alta exposición en la vida cotidiana de la ciudad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: InfoJus

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