Citan a declarar a los primeros testigos de la causa Molinos Río de La Plata

LA PLATA- La causa investiga las desapariciones de unos veinte trabajadores de la empresa, secuestrados durante la última dictadura. El juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, ordenó tomar las primeras declaraciones, a pedido de los querellantes y la fiscalía. Aún no se sabe en qué fecha.

Un grupo de hijos de desaparecidos intenta que la Justicia Federal reconstruya una serie de veinte secuestros de trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata –incluidos sus padres-, una de las más importantes por entonces del grupo Bunge y Born. Desde la fiscalía sostuvieron que la denuncia, presentada hace 90 días, aún está en un estadio “incipiente”. “Lamentablemente, para los tiempos de la justicia de La Plata, con unas 400 causas abiertas en los dos juzgados federales, tres meses no es demasiado tiempo”, dijo Gerardo Fernández, uno de los fiscales. Mientras se define la situación de competencia, desde la fiscalía dieron luz verde para que se llamen a declarar a los testigos de edad avanzada que no testificaron antes, como pedía la querella. “El juzgado federal N° 3 de La Plata, a cargo de Humberto Blanco, ordenó tomar esas declaraciones, aún no sabemos para qué fecha”, aclaró Fernández.

“Nosotros queremos que se investigue esta serie de desapariciones porque sospechamos que tienen que ver con su actividad gremial y política dentro de la empresa”, dijo a Infojus Noticias Analía Fernández, hija de Francisco Fernández y una de las tres querellantes. Los otros dos son Roxana Freitas, hija de Avelino –secuestrado el 1 de junio a la salida de su casa- y Ernesto Ceferino Mattaboni –hijo de Rubén, desaparecido el 3 de diciembre en un departamento porteño-.

La denuncia, que recopila testimonios, recortes de prensa y documentación que se inició hace diez años, fue presentada hace tres meses en la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en La Plata.

En la fiscalía, que encabezan además de Gerardo Fernández los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, analizan declinar su competencia sobre la investigación. “En estos casos, para estudiar la competencia hay que tener en cuenta varios factores: dónde está radicada la casa matriz, sus filiales, dónde se produjeron los secuestros y en qué centro clandestino fueron vistos”, explicó Gerardo Fernández. Para Javier Garín, el abogado que presentó el informe, la jurisdicción de La Plata se justificaría en las dos razzias que las Fuerzas Armadas hicieron dentro de Molinos Río de La Plata, que estaba ubicada en Avellaneda.

Además, algunos de ellos fueron ubicados en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó un centro clandestino que se conoció como “El Infierno”, cuyos crímenes fueron investigados por la justicia federal platense. La argumentación contraria sostiene que la casa matriz estaba en Capital Federal y que los centros clandestinos dependían operativamente del Primer Cuerpo de Ejército. Fernández, la querellante, pide que la investigación –caiga donde caiga- no se fragmente por cada secuestro, sino que se indaguen con motivos y modus operandis comunes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infojus

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