La Comisión por la Memoria denuncia al Gobierno bonaerense

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que el Gobierno bonaerense subejecutó en un 34% el presupuesto del organismo y reclamó por el cumplimiento de las obligaciones pautadas para el ejercicio 2012.
Mediante una carta pública titulada «No al ajuste en los derechos humanos de la Provincia», el organismo provincial le pidió al Gobernador Daniel Scioli que «dé marcha atrás con el recorte presupuestario al organismo y cumpla con el envío de las partidas acordadas con el ministerio de Economía para el ejercicio 2012».
La CPM aseguró que «la baja del 34% en el presupuesto debilita gravemente la continuidad de los trabajos vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, a los aportes investigativos y documentales en los juicios por delitos de lesa humanidad, y a la transmisión de la memoria de nuestro pasado reciente».
«Desde hace meses la CPM ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó el propio gobernador, no hubo ninguna respuesta concreta al reclamo», indica la misiva.
El organismo señaló que «las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas no pudiendo realizarse todas las visitas que durante el año 2011 llegaron a 120. De ser así, imposibilitaría no sólo un preciso diagnóstico de la situación carcelaria, sino la protección de los derechos de los detenidos, y por lo tanto generaría mayores espacios de impunidad».
«Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la dimensión del presupuesto provincial. Entonces ¿qué lugar ocupan en las prioridades del gobernador las políticas de DD.HH. y memoria? El ajuste a la CPM puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria», sostuvo.
La carta pública fue firmada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón; los vicepresidentes Laura Conte y Aldo Etchegoyen; y el secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, entre otros. Los mismos terminaron la carta indicando que «esperamos que el señor gobernador cumpla con su palabra para no cercenar nuestra acción, lo cual implicaría un retroceso en las políticas de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, justicia y memoria».

Fuente: El Popular

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