La Cancillería denunció a Jorge Yoma cuando era embajador en México por sobreprecios

La Cancillería argentina informó a través de un comunicado que se presentó ante la Cámara Criminal y Correccional Federal para denunciar irregularidades acontecidas en la administración de la embajada argentina en México, en el período comprendido entre los años 2006 y 2009 que en ese entonces ocupaba el hoy diputado nacional Jorge Yoma.

La Cancillería se presentó este miércoles ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal para denunciar al diputado Jorge Yoma por presuntas irregularidades cometidas en la administración de la Embajada argentina en México en el período comprendido entre 2006 y 2009.

El comunicado se propone aclarar la información publicada por  diferentes medios periodísticos, y precisa que “las irregularidades consisten en la presunta existencia de sobreprecios en refacciones de la residencia oficial del embajador de nuestro país en México durante dicho período, que no fueron autorizadas por la Cancillería”.
Las irregularidades también incluyen la “utilización de facturas presuntamente apócrifas para rendir gastos, gastos no autorizados y sin partidas, y utilización de los fondos destinados para el pago de las obligaciones de la previsión social y de alquileres para financiar tales gastos”.

Por estas irregularidades, la SIGEN ha determinado «un presunto perjuicio fiscal por $ 4.296.167,43 con más un interés del  6% anual computado desde las fechas de origen», afirma la Cancillería.
La Cancillería señala que los hechos denunciados se  encuadrarían penalmente como malversación de fondos públicos  (artículo 260 y siguientes del Código Penal) y fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inc. 5º del Código  Penal). La causa quedó radicada en la Secretaría N° 22 del Juzgado Federal N° 11  bajo el número 5967/2013 a cargo del Dr. Bonadío.

El comunicado se propone aclarar la información publicada por diferentes medios periodísticos, y precisa que “las irregularidades consisten en la presunta existencia de sobreprecios en refacciones de la residencia oficial del embajador de nuestro país en México durante dicho período, que no fueron autorizadas por la Cancillería”.
Las irregularidades también incluyen la “utilización de facturas presuntamente apócrifas para rendir gastos, gastos no autorizados y sin partidas, y utilización de los fondos destinados para el pago de las obligaciones de la previsión social y de alquileres para financiar tales gastos”.

Por estas irregularidades, la SIGEN ha determinado «un presunto perjuicio fiscal por $ 4.296.167,43 con más un interés del 6% anual computado desde las fechas de origen», afirma la Cancillería.
La Cancillería señala que los hechos denunciados se encuadrarían penalmente como malversación de fondos públicos (artículo 260 y siguientes del Código Penal) y fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inc. 5º del Código Penal). La causa quedó radicada en la Secretaría N° 22 del Juzgado Federal N° 11 bajo el número 5967/2013 a cargo del Dr. Bonadío.

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