24 Baires // Memoria

Serán este lunes, ante el TOF 1 de La Plata. En la jornada seguirá la exposición del representante de la Fiscalía. Luego lo harán las querellas y defensas. Entre los casos investigados están “La noche de los Lápices” y los secuestros del “grupo Graiver”.

Será este lunes, ante el TOF 1 de La Plata. En la jornada seguirá la exposición del representante de la Fiscalía. Luego lo harán las querellas y defensas. Entre los casos investigados están “La noche de los Lápices” y los secuestros del “grupo Graiver”.

El fiscal, Abel Córdoba de ese distrito, solicitó a la Justicia Federal la elevación a juicio de una causa contra diez integrantes de las fuerzas armadas, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

La Comisión Provincial por la Memoria pidió “el cese inmediato del hostigamiento” y la separación de los policías implicados. “Estos hechos requieren de una decisión política clara y urgente” por parte del gobierno de Daniel Scioli, dijeron desde el organismo de derechos humanos.

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, dijo que se bloquearon las cuentas con el objetivo de frenar el delito de financiamiento de terrorismo y dar con el paradero de los acusados. Son 44 los represores a los que les cupo la medida. 

Sebastián Casado Tasca, apropiado durante la última dictadura militar, expresó en el juicio que se le sigue en La Plata  a Silvia Beatriz Molina-acusada por la adopción ilegal- que sus padres biológicos, aún desaparecidos, “no me regalaron, me habían robado de mi vieja”.

El juez Carlos Rozanski habló de las intimidaciones que recibieron miembros del Tribunal que lleva adelante el juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en el “Circuito Camps”.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo aceptaron el reclamo de la Comisión Provincial por la memoria de no recortar el presupuesto de las políticas de Derechos Humanos.

Las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recibieron hoy al ex juez español Baltasar Garzón, quien  se interiorizó sobre la situación presupuestaria de la CPM, que viene denunciando un recorte del 34 por ciento por parte del gobierno de Daniel Scioli, y manifestó su apoyo al reclamo, según indicó el organismo de derechos humanos en un comunicado.

Las audiencias públicas en el nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo se retomará este jueves con la ampliación indagatoria a trece imputados, según informaron allegados a la causa.

El co-presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Hugo Cañón, habló de cara a una reunión que mantendrán mañana con el Ejecutivo. “Todo lo que sea reducción en materia de derechos humanos es un retroceso en la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria”, precisó. La decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintout, acompañó el reclamo. Hoy brindaron una conferencia de prensa.

El ex ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar Albano Harguindeguy, de 85 años, murió este lunes mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad.

Autoridades educativas, familiares y alumnos participaron hoy de un acto en homenaje a tres ex alumnos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, que concurrían a un establecimiento educativo de Ingeniero White, próxima a Bahía Blanca.

El abogado César Sivo, representante de la querella por varias víctimas y organizaciones, manifestó su repudio con la inoperancia por parte de las autoridades provinciales con respecto al jury al juez Pedro Hooft, quien fue denunciado hace seis años por ser partícipe de crímenes de Lesa Humanidad y aún continúa ejerciendo su cargo de juez. En la última semana, se anunció desde una conferencia de prensa brindada por varios organismos que se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando una respuesta por parte del Estado argentino.

La Asociación de Familiares Detenidos- Desaparecidos de Mar del Plata hará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino responda por la falta de impulso al jury al magistrado acusado de visitar centros clandestinos de detención. Hace seis años se lo denunció.