Se trata de los victimarios de, entre otros, los hermanos de Víctor Heredia y la madre del periodista Camilo García.

La Justicia de La Plata benefició a Ramón Fernández y Abel Dupuy, condenados a 25 años de prisión y a prisión perpetua. Basó su decisión en el fallo firmado por Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti en el caso Muiña.

Los manifestantes colgaron fotos de militares detenidos por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz y Emilio Nani en en el Edificio del Libertador.

Se trata del ex oficial de la Policía Federal, Mario Sandoval, acusado del secuestro y desaparición de Hernán Abriata. La esposa de la víctima, Mónica Dittar, consideró que la repatriación de este imputado permitirá «comenzar cerrar con justicia una herida abierta desde hace más de 40 años».

Tras conocerse las intenciones del Gobierno de Vidal de congelar la normativa, la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (Conadep) analizó la legislación y la consideró «violatoria de la libertad de expresión» e «incostitucional». «¿Quiénes saben exactamente el número de desaparecidos? Los militares», lanzó como explicación.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó al Presidente de la Nación por sus políticas de derechos humanos y el desfile militar por el 25 de Mayo.

A pesar del unánime rechazo al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un genocida, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está disconforme con la norma que obliga a incorporar el término «dictadura cívico-militar» y la cifra de «30.000 desaparecidos» en actos oficiales. Evalúan cómo frizar la ley sin costo político.

Elsa Sosa fue encontrada muerta en su casa. Tenía un golpe en la cabeza y un cable enrollado en su cuello. Era testigo y querellante de un juicio de crímenes de lesa humanidad que tiene varios procesados y víctimas, entre ellas su marido, desaparecido en Mendoza en 1975.

El documento abarca once temáticas distintas y fue elaborado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia.

El represor, de 76 años, había sido uno de los primeros condenados por delitos de lesa humanidad en reclamar el beneficio del 2×1 tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema en el caso Luis Muiña.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó hoy la Ley 14.910, aprobada en marzo, que deja establecido que el último gobierno de facto de 1976 a 1983 fue «una dictadura cívico-militar».

La decisión de la casa de altos estudios es en repudio contra fallo que favoreció al genocida Luis Muiña y desató protestas masivas en todo el país.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) aprobó un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa.

La última solicitud, aún pendiente de respuesta, es del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Hasta ahora hay 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad.

El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.