Según las primeras pericias, datarían de hace 40 años lo que coincide con la época de la dictadura militar. Estaban a 50 centímetros de profundidad.

Los arrestos se produjeron en el allanamiento de cuatro domicilios en Capital Federal, Punta Alta y Bahía Blanca.

El encargado de Seguridad de la empresa estatal fue encarcelado por delitos de lesa humanidad de la dictadura. Fue designado por Mario Dell’Acqua.

La detención se fundó en el riesgo de fuga y en la consecuente necesidad de evitar la “frustración” del juicio donde está acusado por dos homicidios en el Posadas.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el sobreseimiento del represor del Hospital Posadas que generó el polémico fallo de la Corte Suprema sobre el “dos por uno”.

Se trata de los victimarios de, entre otros, los hermanos de Víctor Heredia y la madre del periodista Camilo García.

La Justicia de La Plata benefició a Ramón Fernández y Abel Dupuy, condenados a 25 años de prisión y a prisión perpetua. Basó su decisión en el fallo firmado por Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti en el caso Muiña.

Los manifestantes colgaron fotos de militares detenidos por delitos de lesa humanidad como Alfredo Astiz y Emilio Nani en en el Edificio del Libertador.

Se trata del ex oficial de la Policía Federal, Mario Sandoval, acusado del secuestro y desaparición de Hernán Abriata. La esposa de la víctima, Mónica Dittar, consideró que la repatriación de este imputado permitirá “comenzar cerrar con justicia una herida abierta desde hace más de 40 años”.

Tras conocerse las intenciones del Gobierno de Vidal de congelar la normativa, la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (Conadep) analizó la legislación y la consideró “violatoria de la libertad de expresión” e “incostitucional”. “¿Quiénes saben exactamente el número de desaparecidos? Los militares”, lanzó como explicación.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó al Presidente de la Nación por sus políticas de derechos humanos y el desfile militar por el 25 de Mayo.

A pesar del unánime rechazo al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un genocida, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está disconforme con la norma que obliga a incorporar el término “dictadura cívico-militar” y la cifra de “30.000 desaparecidos” en actos oficiales. Evalúan cómo frizar la ley sin costo político.

Elsa Sosa fue encontrada muerta en su casa. Tenía un golpe en la cabeza y un cable enrollado en su cuello. Era testigo y querellante de un juicio de crímenes de lesa humanidad que tiene varios procesados y víctimas, entre ellas su marido, desaparecido en Mendoza en 1975.

El documento abarca once temáticas distintas y fue elaborado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia.

El represor, de 76 años, había sido uno de los primeros condenados por delitos de lesa humanidad en reclamar el beneficio del 2×1 tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema en el caso Luis Muiña.