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A pesar del unánime rechazo al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un genocida, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está disconforme con la norma que obliga a incorporar el término “dictadura cívico-militar” y la cifra de “30.000 desaparecidos” en actos oficiales. Evalúan cómo frizar la ley sin costo político.

Elsa Sosa fue encontrada muerta en su casa. Tenía un golpe en la cabeza y un cable enrollado en su cuello. Era testigo y querellante de un juicio de crímenes de lesa humanidad que tiene varios procesados y víctimas, entre ellas su marido, desaparecido en Mendoza en 1975.

El documento abarca once temáticas distintas y fue elaborado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia.

El represor, de 76 años, había sido uno de los primeros condenados por delitos de lesa humanidad en reclamar el beneficio del 2×1 tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema en el caso Luis Muiña.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó hoy la Ley 14.910, aprobada en marzo, que deja establecido que el último gobierno de facto de 1976 a 1983 fue “una dictadura cívico-militar”.

La decisión de la casa de altos estudios es en repudio contra fallo que favoreció al genocida Luis Muiña y desató protestas masivas en todo el país.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) aprobó un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos puedan consultar los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa.

La última solicitud, aún pendiente de respuesta, es del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Hasta ahora hay 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad.

El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.

Es el primer juicio que abordará en esa ciudad delitos de lesa humanidad anteriores al golpe de Estado, aunque el objeto del proceso también incluye hechos posteriores al 24 de marzo de 1976. Se abordarán secuestros, homicidios, violación de domicilio y robo. Interviene la Unidad Fiscal Federal especializada.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata consideró que esa ley no puede ser aplicada a Von Wernich debido a que durante su vigencia el ex capellán de la Policía Bonaerense no estuvo detenido. El confesor del entonces jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps fue condenado en el 2007 a “reclusión perpetua e inhabilitación perpetua”.

El máximo tribunal comunicó que dará vista a las partes para que se expresen tras la sanción de la nueva ley que limita el beneficio sancionada por el Congreso.

La hija del represor condenado por delitos de lesa humanidad describió cómo fue su infancia al lado del principal represor de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Carlos Gonella cuestionó la decisión de la Corte y la solicitud del policía que participó en el fusilamiento de 6 presos políticos en la dictadura.

Francia y España son algunos de los centros donde hay marchas en contra del fallo de la Corte Suprema argentina que podría dejar a los genocidas en libertad.

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Director: Carlos Vazquez