24 Baires // JUDICIALES

La Justicia ordenó detener a Jorge Rodríguez, el extitular del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia durante la gestión de Daniel Scioli, y a otros tres funcionarios del área, en el marco de una causa que investiga la emisión de facturas apócrifas para simular supuestos gastos en publicidad, que se desviaban hacia otros fines.

El líder mapuche fue extraditado desde la Argentina para ser juzgado por incendiar la propiedad de una familia en 2013.

Lo hizo a través de un escrito en el que dijo que aún recibe amenazas y que prefiere “priorizar la paz y espiritualidad del grupo familiar”.

El empresario se encuentra detenido desde mediados de 2016.

Gianfranco regresó de Estados Unidos y se presentó ante el juez en el marco de la denuncia por pago de sobornos para ganar licitaciones en el área de transporte. El abogado Rozental que representa a Franco presentó un certificado médico y Bonadio solicitaría un peritaje para corroborar su estado de salud.

Se trata de la denuncia por la venta irregular de seis parques eólicos en beneficio de empresas de la familia Macri. Las pruebas confirmarían que recibieron de manera directa parte de los 70 millones de dólares que obtuvieron de ganancias.

El Tribunal Oral 4 firmó la resolución por la cual el ex Vicepresidente recuperará la libertad. Deberá pagar una fianza de $1 millón.

El próximo jueves, el padre y hermano del presidente Mauricio Macri, fueron citados por el juez federal en una investigación derivada de la causa de las Fotocopias.También indagarán a Eduardo Eurnekián.

En un duro comunicado Amnistía Internacional advirtió que “desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad”.

Cuatro funcionarios de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa fueron procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por irregularidades en la contratación de la primera empresa privada que iba a retomar la búsqueda del ARA San Juan a fines de junio pasado. Las integrantes de las fuerzas y de la cartera conducida por Oscar Aguad están sospechados de beneficiar a una empresa española, propiedad de un argentino con vínculos con la Armada, que no tenía ni experiencia ni capacidad para realizar la búsqueda.

Dos de los tres acusados fueron condenados a penas de 8 años de prisión, pero por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. El femicidio quedó impune.

El crimen había sucedido en septiembre de 2015. La madre del menor, quien entregó a su hijo, Uriel Cisneros, a los asesinos, recibió cinco años de condena por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Absolvieron a cinco y descartaron que se haya tratado de un ritual umbanda.

Es por la denuncia de diputados del Frente Renovador. La acusan de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello. Es por la misma causa en la que está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

El primero en exponer su postura tras el debate será el fiscal Daniel Vicente. La semana que viene seguirán la querella y la defensa

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