La última solicitud, aún pendiente de respuesta, es del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Hasta ahora hay 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad.

El representante del Ministerio Público advirtió sobre los riesgos procesales de otorgar el beneficio a un ex integrante de la Triple A y un ex teniente coronel, quien transita un juicio oral y también fue condenado en 2015. Para el fiscal, los problemas de salud que alegaron las defensas pueden ser tratados en los hospitales intramuros.

Gustavo Arribas denunció al arrepentido del Lava Jato en una presentación que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, según informaron fuentes judiciales.

Es el primer juicio que abordará en esa ciudad delitos de lesa humanidad anteriores al golpe de Estado, aunque el objeto del proceso también incluye hechos posteriores al 24 de marzo de 1976. Se abordarán secuestros, homicidios, violación de domicilio y robo. Interviene la Unidad Fiscal Federal especializada.

El jefe del Peronismo Federal en el Senado, Adolfo Rodríguez Saá, reclamó la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia para evitar fallos como el de la aplicación del 2×1 a un represor de la última dictadura cívico-militar.

Un juez federal de Bahía Blanca le concedió la prisión domiciliaria a un imputado por crímenes de la Triple A, en un fallo que aludió a la reciente sentencia de la Corte Suprema que le otorgó el 2×1 a un represor, aunque la defensa sólo había esgrimido razones de edad y de salud al solicitar el beneficio.

El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Canton, consideró este martes que el Gobierno «podría hacer una presentación como Estado argentino ante la Corte Interamericana» por el fallo que benefició con el «2×1» a una condenado por delitos de lesa humanidad, al advertir que «lo que sucedió ofende a toda la comunidad internacional, no sólo a la sociedad argentina».

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco fueron denunciados por «prevaricato» por fallar a favor de aplicar el beneficio del «2×1» al represor Luis Muiña.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del detenido ex jefe del Ejército César Milani por el delito de «enriquecimiento ilícito».

Una sexta persona se sumó a la nomina de detenidos e imputados por la muerte del hincha de Belgrano de Córdoba, Emanuel Balbo. Se trata de Yamil Salas, de 22 años.

La justicia de Morón concedió el beneficio del dos por uno al padre Julio César Grassi, cuya condena a 15 años de prisión por abuso sexual había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 21 de marzo pasado.

Los hechos tuvieron lugar entre mediados de 2014 y principios de 2015, en la zona oeste del conurbano. Una de las víctimas era discapacitada. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín resolvió en línea con la solicitud de pena de la fiscal Gentili.

En un histórica decisión, la Corte Suprema deja atrás el «Fallo Fayt» y convalidó la totalidad de las modificaciones impuestas en la reforma constitucional de 1994. Más de 70 magistrados tendrán que retirarse, incluida María Romilda Servini que hace pocos meses denunció persecusión política.

El ex jefe del Ejército del gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, fue procesado por una causa en la que se lo acusa de asociación ilícita con el represor Luciano Benjamín Menéndez y un juez, y por otra en la que se lo considera partícipe necesario de la detención ilegal de Pedro Olivera y su hijo.

El líder de la organización, Mauricio Larriaga -quien contaba con cinco condenas previas-, se proveía de estupefacientes desde distintos puntos del país. Luego, desde Mar del Plata y con la colaboración de un policía bonaerense, los distribuía hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y Río Negro. Durante los allanamientos fueron secuestrados más de veinte 20 kilos de marihuana prensada y más de seis kilos de cocaína.