24 Baires // JUDICIALES

Cuatro funcionarios de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa fueron procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por irregularidades en la contratación de la primera empresa privada que iba a retomar la búsqueda del ARA San Juan a fines de junio pasado. Las integrantes de las fuerzas y de la cartera conducida por Oscar Aguad están sospechados de beneficiar a una empresa española, propiedad de un argentino con vínculos con la Armada, que no tenía ni experiencia ni capacidad para realizar la búsqueda.

Dos de los tres acusados fueron condenados a penas de 8 años de prisión, pero por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. El femicidio quedó impune.

El crimen había sucedido en septiembre de 2015. La madre del menor, quien entregó a su hijo, Uriel Cisneros, a los asesinos, recibió cinco años de condena por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Absolvieron a cinco y descartaron que se haya tratado de un ritual umbanda.

Es por la denuncia de diputados del Frente Renovador. La acusan de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

La decisión la tomó el juez federal Sebastián Casanello. Es por la misma causa en la que está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

El primero en exponer su postura tras el debate será el fiscal Daniel Vicente. La semana que viene seguirán la querella y la defensa

El máximo tribunal rechazó los recursos de los defensores del policía acusado de asesinar por la espalda a un joven en diciembre pasado y ratificó la carátula de “homicidio en exceso del cumplimiento del deber”.

La Corte Suprema lo resolvió hoy, remitiendo al precedente “Bergés”.

Matías Farías llega al debate detenido por drogar y abusar sexualmente de la joven, provocándole la muerte, mientras que Juan Pablo Offidani lo acusan de haber sido partícipe necesario del hecho. Alejandro Maciel, en tanto, está imputado por encubrimiento

Tras haber desestimado el pedido de detención de Pablo Moyano, denunció que se montó una campaña mediática en su contra para forzarlo a ordenar el arresto del sindicalista y la atribuyó al Gobierno. También hizo público que él y su esposa recibieron amenazas de muerte por su decisión.

El juez Carzoglio denegó el pedido del fiscal Sebastián Scalera. Luego de conocerse la noticia, el padre del sindicalista, Hugo Moyano, cargó tintas contra el Presidente y dijo que tiene “un gobierno gorila”. Además, arengó al resto de los trabajadores.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme las condenas al ex Presidente y al ex ministro de Economía en la causa de los sobresueldos.

El ex ministro de Planificación, detenido en la cárcel de Marcos Paz, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

La condena fue por administración fraudulenta. El ex ministro de Planificación Federal, absuelto del estrago culposo, había dicho por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz que “por arte de Macri me metieron por la ventana”.

El fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel, por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de la compensación por la devaluación del peso a las compañías distribuidoras de gas que va a generar una fuerte suba en las boletas del servicio.

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