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El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 7, Sebastián Casanello, citó a declaración indagatoria para el próximo jueves a Hernán Arbizu, ex vicepresidente en Argentina de la banca JP Morgan, en una causa de presunto lavado de activos que involucra a grandes capitales nacionales y personas físicas como Ausol, la ex Exxel Group, Carlos Ávila, Emilio Cárdenas y Ricardo Fort, entre otros.

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El jueves pasado comenzó el juicio oral en el que Iván Tobar y Cristian Pérez están acusados de tentativa de homicidio, por disparar contra Gabriel Mastrovitto por el dominio de la barrabrava del “Pincha”. Quedan pocos trámites antes de conocer la sentencia.

La Cancillería argentina informó a través de un comunicado que se presentó ante la Cámara Criminal y Correccional Federal para denunciar irregularidades acontecidas en la administración de la embajada argentina en México, en el período comprendido entre los años 2006 y 2009 que en ese entonces ocupaba el hoy diputado nacional Jorge Yoma.

gils cabróLa Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que dictó una medida cautelar que suspendió el decreto de recuperación del predio de la Sociedad Rural, dejó al Estado Nacional en virtual “estado de indefensión”, dijo la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

foroEl fiscal de La Plata se refirió a la ley 14.424 que fue sancionada en 2012 y que crea el Cuerpo de Investigadores Judiciales. La misma fue debatida en foros por una Seguridad Democrática que recorrieron el territorio bonaerense. “Es una ley vital para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestra tarea”, aseveró.

maria julia

La ex funcionaria menemista fue condenada a cuatro años de prisión por los delitos de peculado y defraudación a la administración pública y podría ir a la cárcel una vez que la pena quede firme ya que tiene otra condena anterior.

lidia papaleo

Lidia Papaleo aseguró hoy que si el juez federal Julián Ercolini llama a declarar a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por la causa en que se investiga la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura cívico militar comprobará que hubo “un delito de lesa humanidad porque hay pruebas” que así lo demuestran y “terminarán en la cárcel”.

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