La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue aceptada hoy como parte querellante en la causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos . El juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena dio lugar a la presentación de la ex mandataria provincial, que hace dos semanas decidió ir a la justicia .

El juez Rodolfo Canicoba Corral ya ordenó las indagatorias. Los exminisros están involucrados en la causa por las irregularidades en la concesión de la Panamerica, cuyo accionista era el Grupo Socma, y el Acceso Oeste.

Cristina Caamaño aseguró que se trata de 290 unidades otorgadas a precios “irrisorios” durante el gobierno anterior.

El ex funcionario efectuó una presentación ante el juez Marcelo Martinez de Giorgi que investiga el caso y aseguró que «cumplido siempre los lineamientos establecidos en la ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

El fiscal Jorge Di Lello imputó a Marcos Peña, Gabriela Michetti y Jorge Grecco por irregularidades en la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri.

El caso ya está en manos de la Justicia Federal para que se averigüe sobre casi un centenar de personas y entes que fueron el blanco del espionaje ilegal de la AFI en la gestión de Macri.

El máximo tribunal analizará la posibilidad de que el Senado sesione a distancia, un pedido de la vicepresidenta.

El Senado presentó una denuncia penal contra quien fue la titular del cuerpo durante la gestión de Cambiemos, Gabriela Michetti.

“Este es un caso inédito porque nunca antes en la Provincia había llegado un magistrado a un jury por acosos sexual”, revelaron desde la Asociación Judicial Bonaerense

Tras el fallo firmado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no quedan prisiones preventivas pendientes contra la ex mandataria.

A más de 19 años de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa, el polémico juez federal absolvió a los cinco policías imputados por haber atacado a las Madres de Plaza de Mayo durante las protestas que se desarrollaron en diciembre de 2001. En el fallo se sostiene que los delitos habían prescripto, pero el fiscal apeló la decisión con un argumento clave.

El tribunal a cargo de la causa dio marcha atrás contra la medida que afectaba a la ex presidenta.

En marzo de 2017, los policías que estaban en la Primera de Pergamino no sólo no auxiliaron a los detenidos luego de que se desatara un incendio sino que obstaculizaron el trabajo de los bomberos. Siete jóvenes de entre 27 y 22 años murieron asfixiados.

Implican al ex presidente de la institución, Ralph Douglas Haiek, y al ex gerente general, Juan Francisco Victorino García Aramburo. Las posibles penas abarcan hasta dos años de prisión.

El juez federal de Dolores considera que Stornelli formó parte de una organización criminal clandestina compuesta por numerosas personas, entre ellas agentes inorgánicos y orgánicos de la AFI.