A más de 19 años de la represión del gobierno de Fernando de la Rúa, el polémico juez federal absolvió a los cinco policías imputados por haber atacado a las Madres de Plaza de Mayo durante las protestas que se desarrollaron en diciembre de 2001. En el fallo se sostiene que los delitos habían prescripto, pero el fiscal apeló la decisión con un argumento clave.

El tribunal a cargo de la causa dio marcha atrás contra la medida que afectaba a la ex presidenta.

En marzo de 2017, los policías que estaban en la Primera de Pergamino no sólo no auxiliaron a los detenidos luego de que se desatara un incendio sino que obstaculizaron el trabajo de los bomberos. Siete jóvenes de entre 27 y 22 años murieron asfixiados.

Implican al ex presidente de la institución, Ralph Douglas Haiek, y al ex gerente general, Juan Francisco Victorino García Aramburo. Las posibles penas abarcan hasta dos años de prisión.

El juez federal de Dolores considera que Stornelli formó parte de una organización criminal clandestina compuesta por numerosas personas, entre ellas agentes inorgánicos y orgánicos de la AFI.

Juan Pablo Curi aceptó el acuerdo de colaboración. El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla decidirá si lo homologa.

Los funcionarios macristas fueron procesados por negociaciones incompatibles y encubrimiento.

«Seguramente la condena está escrita, pero a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia», dijo la vicepresidenta electa al cerrar su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2.

César Milani, ex jefe del Ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, acusado de falsear un acta sobre la presunta «deserción» del soldado Alberto Agapito Ledo, desaparecido en 1976, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

A un año de la sentencia, los tres acusados fueron condenados por tenencia de drogas, pero no por asesinar a la menor de edad.

Luego del pedido para ser arrepentido en la causa de espionaje ilegal, la defensa solicitó el beneficio del arresto domiciliario en la casa del country Saint Thomas, en Canning.

El fiscal Jorge Di Lello impulsó la investigación por la autorización de vuelos al archipiélago y la exploración petrolera por parte de empresas extranjeras.

El organismo provincial apuntó contra la Gobernadora por el tarifazo que dejó a modo de despedida.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz cumplirá su condena en la prisión y no en su casa como pretendía. En una acordada de hoy publicada en el sitio del Centro de Informaciones Judiciales se dio a conocer que desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa del ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura.

El fiscal tenía que declarar por primera vez en la causa por presunto espionaje y extorsión que lo tiene como imputado.